Dr. Josep Mª Reniu

Universidad de Barcelona

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y su impacto sobre los procesos de gobernabilidad democrática.

 

Parto de la base que la red es muy importante para todo tipo de actividades humanas, económicas, sociales y por ende la vida cotidiana. Así es lógico que lo sea también para la actividad política, para los procesos de gobierno en el seno de las sociedades democráticas. Por otro lado, y dada la importancia fundamental que el acceso a la información tiene en los procesos políticos junto con el hecho de que la red es justamente (entre otras cosas) un sistema de organización y acceso a la información, su aplicación a los diferentes procesos en los que interviene la política está especialmente indicada, tanto desde el poder, o la Administración Pública, como desde las relaciones de los ciudadanos con dicho poder democrático.

Efectivamente podemos constatar fácilmente el gran número y diversidad de webs relacionadas con alguno de los actores que en cada país intervienen en el proceso político. No obstante, cabe señalarse frente a la interpretación reduccionista habitual, que el ámbito de aplicación de la red a los procesos políticos en democracia no se reduce, ni mucho menos, a la votación electrónica a través de la red; ni es quizás el aspecto más importante o relevante, aunque aún sea el más visible. De hecho es posible y necesario el uso de la red en un gran número de ámbitos (información pública, comunicación con los representantes, servicios online de la Administración Pública, formación colectiva de estados de opinión, etc.), algunos a iniciativa (y responsabilidad) de un gobierno o de una administración, otros dependientes del grado de interés en participar por parte de los ciudadanos.

Es precisamente esta multiplicidad de usos de la red en política, junto con la diversidad de posiciones ideológicas sobre su potencialidad, la que configura un panorama complejo, a menudo aún demasiado complicado por una terminología ambigua y confusionista. Así, cuatro grandes ámbitos de actuación de las TIC’s o del uso de la red en el proceso político pueden ser identificados:

A) La Administración Online (La red en la Administración Pública –AP- sin participación ciudadana)

B) La Democracia Electrónica (La red en la AP con participación ciudadana)

C) Ciberdemocracia (La sociedad civil reclama democracia por la red)

D) Ciberpoder (La sociedad civil pasa a la acción mediante la red)

 

Las aplicaciones de la red a la política según el grado de participación ciudadana.

De los cuatro grandes ámbitos anteriormente señalados, los dos primeros (A y B), corresponden a aplicaciones de la red, entorno a una web o portal, creadas a iniciativa y responsabilidad de un gobierno o una Administración Pública y que están encaminadas, respectivamente, a mejorar la eficiencia de la democracia (A) y a canalizar e impulsar la participación de los ciudadanos desde la AP (B).

El tercer ámbito (C) agrupa las iniciativas en la red, entorno a una web o portal, creadas, por un lado, por partidos políticos o personalidades políticas y, por el otro, por la sociedad civil (representada bien por alguna asociación, grupo de interés, colectivo o persona individual). La característica común a todas estas aplicaciones es la de que pretenden influir en los procesos políticos en el seno de la democracia representativa, incluyendo también las que manifiestan el objetivo de complementarla o superarla, hacia la democracia participativa, con métodos de democracia directa.

Finalmente, agrupamos en el cuarto apartado (D) las numerosas y  diversas iniciativas ciudadanas que utilizan la red para formar opinión y para promover y coordinar acciones directas (en los niveles local, nacional o internacional) para influir sobre órganos de gobierno y de la AP y de otras instituciones de poder (económico y político) al margen de los canales políticos institucionales, en la sinceridad y/o eficacia de los cuales no creen.

 

a. La Administración Online. Con el nombre de "Government online" o "e-Government", adoptado por diversas instituciones internacionales (entre ellas la Unión Europea) y AAPP de algunos países, nos queremos referir a un conjunto de prácticas tendentes, mediante el uso de las TIC’s y, en especial, de la red, a mejorar la eficiencia interna y las relaciones de la administración con los ciudadanos. Lo que no debería sorprender es que sea la Administración Local (sobre todo algunos Ayuntamientos, de ciudades grandes y pequeñas[1]) la que haya desarrollado con más intensidad algunas de las aplicaciones a que nos referimos, debido sin duda a su mayor sensibilidad y proximidad a los ciudadanos, y a la inmediatez de muchos de los problemas.

Dichos sistemas de información y/o relación con los ciudadanos pretenden articular respuestas eficaces a las demandas ciudadanas entorno a dos temas clave: la transparencia de la información y la gestión y la prestación de servicios online. Más concretamente, para una administración determinada, se trata, basándose en un uso inteligente de las TIC, de la construcción de una web (o un portal que dé acceso a un conjunto de webs interrelacionadas), de:

- Facilitar al máximo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (no sólo en forma de documentos oficiales sino también en forma de documentos de trabajo y estudios, proyectos, etc.)

- Facilitar el acceso a la información relativa a los procesos de toma de decisiones, en sus diversas fases, y también a la tramitación de expedientes administrativos en curso.

- Facilitar la comunicación directa (vía e-mail) entre el ciudadano y los responsables (políticos o funcionarios) de la gestión de los asuntos públicos.

- Facilitar a los ciudadanos, empresas y entidades el acceso online a la prestación de los servicios de todo tipo de la AP (certificados, licencias de actividades y urbanísticas, fiscalidad, concursos y licitaciones, etc.), incluida la posibilidad de realizar pagos y transacciones financieras.

Cada uno de estos componentes corresponde, por sí mismo, a toda una política, abriendo en su conjunto la oportunidad de desarrollar un abanico de sistemas de información y software específico en ámbitos administrativos interrelacionados, lo que implica la exigencia técnica de introducir reformas que pueden ser importantes en los circuitos administrativos. De aquí se deduce la importancia de la coordinación entre administraciones análogas para compartir esfuerzos e integrar resultados.

En este sentido la Comisión Europea ha puesto en marcha una serie de programas en estas temáticas. En términos generales, el "government online" es uno de los temas prioritarios del Plan de Acción e-Europa, pero no obstante las numerosas aplicaciones de las TIC’s a los problemas de las AAPP, no se prevén acciones concretas por lo que a participación ciudadana propiamente dicha se refiere. Este “olvido” de los aspectos prácticos de la participación ciudadana no es exclusivo, ni mucho menos, de la Comisión Europea, sino todo lo contrario. Ciertamente es una característica general de las políticas en la red de las AAPP, que dejan para más adelante el estudio de los métodos posibles de participación efectiva de los ciudadanos[2].

No obstante no puede minimizarse la importancia para los ciudadanos de las aplicaciones de la Administración Online que, en el ámbito estrictamente administrativo, pueden hacernos la vida más fácil y que pueden, además, incluir criterios para hacer realidad las pretensiones de igualdad de oportunidades en nuestras sociedades democráticas. Por otro lado, una buena política de acceso a la información, que haga más transparente la gestión pública es una condición necesaria, cuanto menos, para que el ciudadano bien informado esté en condiciones de participar con una opinión fundamentada sobre el tema o debate en cuestión.

Además, aunque exista una buena política de comunicación, que organice en el seno de una web de la AP correspondiente foros y chats para debatir aspectos de sus políticas y su gestión, se encontrará rápidamente con sus propios límites si no está incardinada en una política activa de impulso a la participación o, al menos, no constituye una respuesta sincera a la presión ciudadana. En ausencia de estas condiciones, los debates terminarán haciéndose en el vacío, no existirán estímulos lo suficientemente fuertes para que los ciudadanos expresen sus opiniones, ni garantías o esperanzas de que hacerlo sirva para algo más que para que la AP correspondiente se cuelgue la medalla de la supuesta apertura a la sociedad.

Es más, incluso la posibilidad de mandar correos-e a un responsable político de una AP puede no ser lo suficientemente interesante si no existe una garantía de respuesta o, como mínimo, publicidad en la web de dicho mensaje, sin censura de ningún tipo. La traducción del juego limpio en la red mediante un conjunto de normas objetivas y consensuadas que garanticen el intercambio honesto de opiniones en un debate es también una tarea pendiente, pero que admite aproximaciones provisionales de diferentes grados. Sólo se precisa, de entrada, la voluntad sincera de participar y de hacer participar, admitiendo claro está los riesgos inherentes a todo debate abierto[3].

En resumen, en las aplicaciones de las TIC’s en este el ciudadano se limita a aprovechar los canales abiertos por las AAPP, sin que exista propiamente participación en la toma de decisiones públicas, elemento éste que se incorpora en el segundo tipo.

 

b. La Democracia Electrónica. Entendemos por aplicaciones de las TIC’s como de "Democracia Electrónica" (o "Democracia Digital" o e-Democracy) aquellas en las que existe al menos un intento efectivo de ofrecer canales para la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de las AAPP, diferenciándose así del grupo anterior.

El campo de aplicaciones posible es vasto y variado, y descansa como condición necesaria pero no suficiente en el despliegue de aplicaciones del grupo A, en especial, el acceso efectivo a la información puntual relativa a las diferentes fases del proceso de toma de decisiones pero llegando más allá, con la inclusión de la posibilidad del ciudadano de intervenir en el mismo.

Las webs parlamentarias, por el hecho de estar íntimamente ligadas a los procesos legislativos, son las que se encuentran en una mejor situación para ofrecer vías de participación a los ciudadanos, más allá de la simple información textual sobre los debates parlamentarios. Habitualmente las vías que se ofrecen en este sentido son de dos tipos: por un lado la posibilidad de enviar por e-mail comentarios sobre un proyecto de ley (o alguna de las formas de moción o enmienda que se establezcan) y/o sobre las posiciones de los grupos parlamentarios, dirigidos a la comisión correspondiente o personalmente a algún parlamentario en concreto. La segunda forma consiste en que un ciudadano (o un colectivo) pueda enviar, a través de la web, textos de enmienda a un proyecto, pero que no podrán ser oficialmente admitidos amenos que un grupo parlamentario los avale y los incorpore como propios[4].

En lo que respecta a las AAPP, un estudio realizado sobre las webs gubernamentales de 192 países ha puesto de manifiesto la lentitud y la exagerada prudencia con que progresan las aplicaciones en la red (tanto del tipo A como del B), en las que son los gobiernos quienes deben tomar la iniciativa y asumir los costes de todo tipo que se derivan. Y no estamos haciendo referencia sólo a los costes económicos directos, que pueden ser importantes, sino también a los derivados de la necesaria reorganización administrativa encaminada a la adaptación de los procedimientos administrativos a las características y exigencias de la prestación de servicios en la red (por ejemplo en el caso de los horarios…) así como también, y no menos importante, a las posibles modificaciones legales de los procesos administrativos para otorgar validez jurídica al funcionamiento en la red.

No obstante, para que la implementación de las aplicaciones de las que estamos hablando sea posible y la participación ciudadana sea efectiva, no es suficiente con la simple aplicación de la red a los mismos procesos administrativos ya existentes, sino que será necesaria la introducción de cambios y modificaciones legales con el objetivo de tomar en consideración la especificidad del tratamiento digital de la información en todas sus vertientes así como para otorgarle carta de naturaleza en dicho proceso[5].

Vemos también que la participación ciudadana en la red requerirá la constitución de colectivos o agrupaciones, bien sean éstas permanentes (como las asociaciones de vecinos en una ciudad o las asociaciones de consumidores y usuarios) o esporádicas, puntuales, que deberán ser reconocidas como partes interesadas, en función de que cumplan los requisitos legales para ello. De alguna forma podemos considerarlas como una extensión de las posibilidades actuales de presentación de proyectos legislativos desde la iniciativa popular, pero el campo de actuación es mucho más amplio, y mucho más numerosas las posibilidades de mejora.

En resumen, una de las claves a este respecto se encuentra en la necesidad del reconocimiento de los sujetos sociales habilitados para la intervención y regulación de los procesos y normas a tal fín, aspecto éste indispensable para que el proceso de participación (sea en la red o físicamente) pueda tener lugar de forma efectiva. La compleja reglamentación de la participación de los ciudadanos en Porto Alegre nos da una idea del tipo de normativas a que nos referimos y que deberá definirse cuando se quiera hacer intervenir mediante la red[6].

No obstante, no debe olvidarse que un componente necesario de dicho proceso, previo a la participación propiamente dicha o entendiéndolo como un elemento más de la participación, es el debate. Esto es, el mecanismo mediante el cual se van clarificando progresivamente las diferentes alternativas técnicas y opiniones sobre el tema objeto de la discusión (en este caso en la red) con el objetivo final de llegar a definir un grupo de opciones políticas entorno a las cuales los ciudadanos individuales, en grupo o asociación manifestaran sus apoyos y/o críticas. El grado de consenso que la decisión final por una ú otra opción sea capaz de generar sería entonces la prueba de fuego respecto de la validez de de la participación ciudadana.

Es por ello que en este segundo grupo incluimos los sistema de votación electrónica por internet, de los que cada vez existen más y mejores pruebas experimentales[7]. Los principales problemas en el debate sobre la generalización del uso del voto electrónico por internet se centran en dos grandes líneas: por un lado el debate entorno a lo que podríamos llamar la “vertiente conceptual”, esto es, los efectos que pueda suscitar la participación electoral a través de la red sobre el concepto mismo de democracia representativa, por cuanto podría suponer la eliminación de los principales mediadores en dicho proceso, los partidos.

Por otro lado, la segunda vertiente crítica emplea un argumento doble, que desafortunadamente parece verse confirmado por los datos de cada una de las pruebas conforme se van desarrollando. Esta segunda línea de crítica incide no sólo en los aspectos cuantitativos de sobre qué quórum sería necesario para validar una votación electrónica sino también sobre los aspectos –por ahora difícilmente resolubles con prontitud- de la seguridad en el voto (por ejemplo el debate entorno a los procesos de firma digital) o los escasos volúmenes de acceso a la red por parte de la mayoría de los ciudadanos. Pero el argumento más utilizado en contra de una extensión paulatina del voto electrónico es aquél que hace referencia al escaso atractivo del mismo, incluso en ejemplos prácticos que debieran ofrecer índices de participación altos.

Un ejemplo de ello, dramático, lo ha ejemplificado la práctica de voto por internet en las elecciones a representantes estudiantiles en el Claustro de la Universidad de Barcelona. A priori, puesto que los llamados a participar eran estudiantes universitarios de quienes se supone interés en la utilización de estas nuevas formas de participación, se esperaba una mejora significativa de los índices de participación. Se había realizado una campaña de información intensa e individual, con el fin de clarificar el procedimiento a emplear y “asegurar” que los potenciales electores no tuvieran ningún problema para emitir su voto. La realidad siempre suele ser más dura: en los tres centros en los que se organizó la prueba piloto se obtuvo valores de participación de menos del 3% de los estudiantes[8].

 

 

c.- Ciberdemocracia. Aunque soy consciente de la posible confusión terminológica al emplear anteriormente el concepto de Democracia Electrónica y ahora el de ciberdemocracia, pretendo con ello diferenciar el supuesto papel activo de la sociedad en la reclamación de mayores cuotas de democracia. Esto es, con la utilización diferenciada de ambos conceptos intento plasmar la dirección de la iniciativa: así bajo el epígrafe de ciberdemocracia caben todas aquellas aplicaciones (webs, webzines, listas de noticias y de distribución, foros, etc.) que constituyen el producto de la voluntad de los diversos componentes de la sociedad civil. Los objetivos que persiguen son, como no, variados, desde la mera propaganda subversiva, la defensa de intereses, la prestación de servicios o simplemente (que ya es mucho) la difusión de mayores dosis de información.

La tipología de colectivos activos en el ámbito de la ciberdemocracia es también muy amplia, pero básicamente podríamos diferenciar tres grandes grupos:

1) En primer lugar, si bien serán tratados de forma independiente más adelante, encontramos a los partidos políticos y a los políticos, individualmente considerados. Actores centrales hasta ahora del proceso democrático, su incorporación a la red está siendo cada vez más progresiva, pero como veremos más adelante, es una incorporación condicionada por ciertas reticencias a la incertidumbre que despierta la evolución de las TIC’s.

2) Un segundo grupo, importante y numeroso, es el formado por las webs de asociaciones cuyo objetivo podríamos definir como político, y que han sido creadas específicamente para debatir los problemas de la democracia (en especial entorno al debate sobre la reformulación de la democracia y la superación de los procesos representativos), llegando hasta la crítica de los procesos actuales de globalización. Son grupos defensores de la reforma de la democracia representativa, con el objetivo final de convertirla en democracia participativa, convencidos de que sólo con la presión ciudadana desde fuera del sistema  se podrá obtener dicho cambio gradual. Ampliar la visibilidad del debate sobre un tema concreto hasta conseguir que los poderes institucionales lo incluyan en su agenda es el objetivo de los "Electronic Town Meetings" (como en los casos de Calgary sobre la eutanasia).

Junto a estas asociaciones encontramos también aquellas que, desconfiando de la viabilidad de dicho método gradualista, preconizan métodos de democracia directa, reclamando que sean los ciudadanos quienes ejerzan efectivamente el poder decisorio sobre cualquier tema. Unas de las características comunes a estos planteamientos es su reclamación de una suerte de continuidad, apelando a la utilización generalizada del referéndum (por lo general con respuestas dicotómicas, "sí" o "no") así como la realización de votaciones específicas, hasta convertir la política en una suerte de proceso plebiscitario permanente.

Desde este punto de vista, a los representantes electos sólo les quedaría la tarea de definir los términos de la votación, proponiendo y presentando a debate las diferentes alternativas y, naturalmente, también deberían garantizar los mínimos técnicos para la corrección del proceso. En cualquier caso, debemos tener presente que la multiplicación y extensión de votaciones generales de carácter vinculante exigen una concienciación política muy elevada entre la ciudadanía o, dicho en otras palabras, un alto grado de cultura política. Ello supone, obviamente, que la ciudadanía debería contar con un elevado nivel de información (no sólo cuantitativamente hablando, sino también y sobretodo cualitativamente) y que habrá tenido la posibilidad de reflexionar y debatir ampliamente sobre todos los aspectos de la cuestión, a fin de garantizar que su voto sea real y efectivamente informado y reflexivo.

Es ésta una de las paradojas de difícil resolución, puesto que dicha exigencia adopta la forma de “pescadilla que se muerde la cola”, puesto que en el supuesto que la ciudadanía tuviera dicho grado de capacidad analítica y discursiva seguramente la actuación colectiva ejercería un control tan exhaustivo sobre la acción política de gobierno que éste no tendría más remedio que ser y actuar de forma totalmente transparente, por lo que las pretensiones de democracia directa formuladas anteriormente carecerían de justificación.

3) En fin, aumentar el nivel de información y de la concienciación política de la ciudadanía se convierten en sí mismos en objetivos no sólo saludables política y democráticamente, sino en exigencias inexcusables en cualquier intento de mejorar el funcionamiento de nuestra vida en sociedad. Ello encuentra un excelente campo de aplicación para el tercer grupo, constituido por las múltiples webs creadas, mantenidas y dinamizadas por las redes ciudadanas. Éstas tienen en común su intención de contribuir de manera efectiva a la mejora de las relaciones entre los ciudadanos en su actuación social, abarcando multitud de ámbitos y también, como no, la vida política, en especial la vida política local[9].

Todos estos grupos, en su conjunto, forman el tejido básico de la tan reivindicada sociedad civil de un país, y son a su vez indicadores del empuje y la independencia de la opinión pública (no siempre o muy pocas veces coincidente con la opinión publicada). Como colofón debemos iterar que estos espacios de la ciberdemocracia tienen en común, más allá del eventual descontento sobre el funcionamiento de las democracias actuales (desde su crítica a las fórmulas convencionales de participación hasta la propuesta de otro mundo es posible), la esperanza del éxito de las reformas mediante la presión ciudadana, sea ésta esporádica o continuada.

 

d.- Ciberpoder. Al ir desarrollando esta propuesta algo arriesgada de diferenciación dentro del magma de los distintos fenómenos o plasmaciones de la actuación socio-política dentro de la red, por ciberpoder quiero referirme a aquellos grupos o colectivos que, directamente, dejan de lado cualquier manifestación posibilista (independientemente del grado de extremismo de la misma) para defender y promover la acción directa y la desobediencia civil.

Entre éstas son conocidas muchas ONG’s que utilizan Internet como base para sus labores solidarias con el Tercer Mundo, particularmente importantes en momentos de emergencias humanas y catástrofes naturales. También encontramos, obviamente, otras que, dejando de lado las de adscripción anarquista o ácrata, han llegado a la convicción de que la deriva ultraliberal de la globalización es la responsable de catástrofes humanas y económicas a nivel mundial. Deriva que, en forma de pensamiento único, se ha vehiculado por las organizaciones económico-financieras supranacionales (OMC, Banco Mundial): en primer lugar, provoca graves problemas de desigualdad creciente entre países ricos y pobres; en segundo lugar, deja al mundo sin ningún tipo de control democrático y en manos de los grandes poderes oligopólicos y financieros de corte especulativo (el llamado eufemísticamente mercado) y, en tercer lugar, reduce el poder de los gobiernos sobre la economía de sus propios países.

Así, frente a la impotencia y/o inacción de los gobiernos democráticos (independientemente de la adscripción ideológica que sean) han sido unos centenares de ONG’s, asociaciones y redes (equivocadamente llamadas “antiglobalización") los que han pasado a la acción, haciendo servir su voz cada vez más fuerte, desde Seattle a Génova, denunciando problemas y elaborando propuestas. Propuestas dirigidas, por ejemplo, a la regulación de las transacciones financieras internacionales (Tasa Tobin), la condonación de la deuda externa o la potenciación de la ayuda al Tercer Mundo, etc. (i.e. ATTAC, presente en 32 países). Lo que interesa destacar en este sentido es el papel que ha jugado la red, fundamental tanto en las fases de recopilación de información, reflexión, estudio y debate, como en las tareas de concertación y organización de las acciones y manifestaciones que, debido a su alcance mundial y a la urgencia de las mismas, hubieran sido imposibles de gestionar sin la red.

 

Los partidos políticos ante la red. Un intento de análisis.

            A partir de todo lo que hemos expuesto hasta ahora queda claro que la red, Internet o las TIC’s presentan un potencial de cambio y modificación de la realidad política y social nada desdeñable. No obstante, y como hemos también venido sosteniendo entre líneas, gran parte de dicho potencial transformador se encuentra condicionado por el papel que quieran asumir en ese proceso los principales actores dentro del ámbito político: los partidos políticos.

            Como en el caso de otros actores sociales, los partidos políticos se han estado adaptando, bien sea por su propia decisión o bien sea por necesidad, al nuevo entorno de las TIC. Actualmente más de un millar de partidos están presentes en la red, incluyendo a más de la mitad de los principales partidos del mundo.

            El ciberespacio se ha convertido en el equivalente virtual del Hyde Park Corner, por lo que en función de los intereses de cada cual puede “visitarse” la plataforma de los comunistas mongoles, encontrar las últimas noticias sobre el Congreso Nacional Africano, seguir los discursos de los líderes japoneses del LDP, firmar en el libro de visitantes de la Organización para la Liberación de Afganistán, consultar la historia del Sinn Fein o afiliarse a los verdes alemanes.

            A partir de aquí, y desde un punto de vista claramente “ciber-optimista”, se cree que este desarrollo contribuirá al proceso de revitalización del rol de los partidos en la democracia representativa, facilitando las comunicaciones entre los ciudadanos y el estado, así como otorgando mayores niveles de apoyo a dichas instituciones.

            No obstante, no debe olvidarse otro punto de vista, el “ciber-pesimista”, desde el que se expresan dudas acerca de la capacidad de internet para funcionar más allá que un simple pizarrón colectivo, albergando grandes cantidades de propaganda política pero con escasas (por no decir nulas) capacidades de interacción real y efectiva. Es así como consideramos que los partidos políticos están afrontando el reto de la red, de ahí que hayamos presentado nuestras reflexiones con un castizo «¡que inventen ellos!», con el objetivo de señalar el estado de reticencia de los partidos ante la posibilidad de implicarse efectivamente en la red.

            Podemos, además, aproximarnos a cual sea la realidad de los partidos políticos en la red, realizando un censo de la presencia de éstos en la red. Una primera cuestión a destacar en este censo es el hecho de que internet se encuentra aún, al menos en el ámbito de los actores políticos, en una etapa de adolescencia. Así los datos generales muestran como sólo una media de 7,3 partidos se encuentra en la red a nivel mundial, pero rápidamente debemos reparar en las diferencias que aparecen entre las distintas zonas geográficas. Así, las diferencias son abismales entre Norteamérica y Europa occidental, muy por encima de la media mundial. Si bien en el caso europeo la presencia de partidos políticos en la red parecería, a la luz de los datos, ciertamente relevante, posteriormente veremos que los contenidos de dichas webs no sobrepasan en la inmensa mayoría de los casos la simple información propagandística para consumo de sus afiliados o simpatizantes.

Más interesante, en especial si procediéramos al análisis de cada web individualmente, son los valores obtenidos en Norteamérica, donde los EEUU aparecen paradójicamente como el país con más webs de partidos políticos del planeta. La paradoja, obviamente, estriba en el hecho de que EEUU es, precisamente y como es bien sabido de todos, el país del mundo donde la presencia de los partidos políticos es, por decirlo en palabras suaves, más débil. Los partidos norteamericanos, simples maquinarias electorales, no son homologables ni en organización ni en roles socio-políticos a los partidos europeos, ni tan siquiera a buena parte de los partidos centro y sudamericanos.

Más allá de esta puntualización, nótese la gran diferencia entre estas dos zonas geográficas, por otro lado las más avanzadas tecnológicamente y económicamente del planeta. Argumento éste que vendría a poner otra vez de manifiesto los peligros de una división digital en el mundo con respecto al acceso y utilización de las TIC.

No obstante, aún siendo éste un dato relevante, para nuestro objetivo es de mayor interés constatar qué contenidos y qué servicios, en definitiva, cual es la apuesta de los partidos frente a la red. Habitualmente las webs proveen informaciones básicas acerca de la historia del partido, el programa político del mismo, la organización básica y las notas de prensa. Igualmente suelen incluirse información biográfica de los candidatos del partido en los diferentes ámbitos político-territoriales así como enlaces (links) a otros webs.

También es habitual que desde dichas webs se anime a los cibervisitantes a unirse al partido, en algunos casos con servidores seguros para la obtención de la membresía electrónica. Por otro lado, un buen porcentaje de las webs ofrecen la posibilidad de contactar a los cargos del partido mediante el correo electrónico.

En todo caso los contenidos varían significativamente entre los diferentes tipos de partidos, de manera que los grandes partidos ofrecen mayores funciones de información y comunicación que los partidos pequeños y/o testimoniales. Más allá de dicha diferenciación sólo merece destacarse la utilización de los partidos verdes, quienes se han caracterizado por una mayor aplicación y adaptación de las múltiples funciones inherentes al nuevo medio[10] (ver nota 24). Asimismo, una de las claves explicativas de la presencia y contenidos de los partidos políticos en la red, dejando de lado la ya planteada reticencia hacia la apertura de los canales participativos en la red, es la difusión tecnológica, medida por la proporción de población con acceso a la red, junto con indicadores de desarrollo socioeconómico.

En este sentido los datos demuestran que las economías industrializadas presentan unos valores más elevados en lo que hace referencia al acceso a las múltiples formas de interacción propias de las TIC’s, incluyendo los viejos medios de comunicación como los teléfonos y las televisiones. Así, lógicamente, las facilidades para la expansión de los partidos en la red son mayores, si bien no debe obviarse que las reticencias de los actores siguen estando presentes. Es por ello que los partidos tienen mayores facilidades para disponer de las infraestructuras para crear y mantener sus respectivas webs en aquellos países capacitados para la utilización de las tecnologías digitales, así como que el incentivo para competir por la atención del electorado es mucho mayor en aquellos países en los que la mayoría de la población está conectada. Hasta tal punto esta correlación entre desarrollo tecnológico y económico es determinante, que a partir de dicha situación de acceso generalizado a las TIC’s no puede establecerse ninguna relación especialmente significativa entre el nivel de democratización del país y la densidad de los partidos on-line.

Ejemplos de dicha variación es la proliferación de webs partidistas en países como los EEUU, Canadá o España, mientras que en pequeñas democracias como Barbados, Trinidad y Tobago o Micronesia apenas podemos encontrar un partido presente en la red. Ello sugiere que una vez se cuenta con un nivel elevado en el desarrollo socioeconómico y tecnológico, el nivel de democratización per se no nos permite explicar el tránsito de los partidos políticos hacia la red. El correlato a esta argumentación es que la Sociedad de la Información ha puesto a disposición mayores recursos políticos en la red, por lo que el proceso de democratización, más que la propia noción de democracia consolidada, ha afectado en mayor medida la presencia de los partidos en la red.

En resumen, de entre todas las diferentes vertientes de las tecnologías digitales, la utilización de los correos electrónicos es claramente el factor más importante para el reforzamiento y la operatividad on-line de las organizaciones partidistas. Su amplia difusión entre la ciudadanía hace que sean más usados que los mecanismos alternativos como el uso de chats, las video-conferencias o sus equivalentes. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos desarrollos para la democracia representativa? Tal y como hemos apuntado con anterioridad, la situación actual parece apuntar hacia una situación de relativo estancamiento de la presencia de los partidos políticos en la red, en especial por lo que respecta a los servicios prestados por éstos.

Si bien uno de los condicionantes con que se encuentran los partidos en su presencia en la red es el nivel de desarrollo socioeconómico por cuanto ello supone contar con un público potencial más o menos amplio, ciertamente somos de la opinión que la necesaria bidireccionalidad en la comunicación e interacción de los partidos con los ciudadanos deberá superar aún una reticencia importante en el seno de éstos: la asunción clara y rotunda de la necesidad de someterse plenamente a la transparencia informativa frente al conjunto de la ciudadanía, con el imprescindible correlato de responsabilidad y capacidad de dar respuesta a las múltiples preguntas desde la sociedad civil y que, demasiado a menudo, quedan sin respuesta debido a criterios de oportunidad política.

 

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Dr. Josep Mª Reniu i Vilamala

Dept. Derecho Constitucional y Ciencia Política

Universidad de Barcelona

Correo-e: jreniu@ub.edu

 

Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Barcelona. Maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, y anteriormente lo ha sido en la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat de Vic así como profesor visitante en la University of Central Florida (EEUU), Universidad Anáhuac de Xalapa (México), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (México) y la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) entre otras.